La inteligencia artificial (IA) ha avanzado rápidamente en los últimos años, modificando profundamente varios sectores, incluido el campo jurídico. En España, tanto los tribunales como los despachos de abogados están empezando a integrar la IA en sus procesos, lo que plantea una serie de desafíos legales y éticos que requieren atención.
Uso de la IA en despachos de abogados
Los despachos de abogados han comenzado a utilizar herramientas basadas en IA para mejorar la eficiencia de sus procesos. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el análisis de contratos, la búsqueda de jurisprudencia e, incluso, la predicción de resultados legales.
En efecto, herramientas como Kira Systems o Luminance emplean IA para revisar grandes cantidades de documentos legales en busca de errores, incongruencias o cláusulas problemáticas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el margen de error humano.
Y plataformas como ROSS Intelligence o las últimas versiones de los repositorios tradicionalmente empleados en España ya utilizan IA para realizar investigaciones jurídicas de manera más rápida y precisa, accediendo a bases de datos legales con mayor efectividad que los métodos tradicionales.
Además, algunas herramientas de IA ya se emplean para prever el resultado de juicios y litigios en función de datos históricos. Esto es particularmente útil en litigios complejos donde los abogados pueden usar estas predicciones para asesorar mejor a sus clientes y preparar estrategias.
Uso de la IA en la Administración de Justicia
La IA también está empezando a jugar un rol en la Administración de Justicia en España, mediante la automatización de procesos y de búsqueda de jurisprudencia automatizada.
De una parte, se están implementando sistemas que permiten agilizar la gestión documental en los tribunales, así como procesos de asignación de casos. Esto busca reducir la sobrecarga judicial y acelerar los tiempos de resolución. Y de otra, algunos tribunales están probando sistemas que ayudan a los jueces a buscar precedentes judiciales de manera más eficiente, asegurando que las sentencias sean consistentes con decisiones anteriores.
Sin embargo, el uso de IA en este contexto ha generado preocupación sobre el impacto que pueda tener en la imparcialidad judicial. Las decisiones automatizadas basadas en algoritmos pueden estar sesgadas o no tener en cuenta matices humanos fundamentales en la toma de decisiones judiciales.
Desafíos legales y éticos
El uso de la IA en el derecho plantea importantes cuestiones éticas y jurídicas que deben ser abordadas de forma rigurosa.
En primer lugar, el posible sesgo algorítmico, dado que los algoritmos utilizados en la IA pueden heredar sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados. Esto podría tener implicaciones negativas en decisiones judiciales automatizadas o en la evaluación de riesgos, especialmente en asuntos penales o de derechos fundamentales.
En conexión con lo anterior, la transparencia y explicabilidad: las herramientas de IA a menudo se consideran «cajas negras», donde es difícil entender cómo se llegó a una conclusión específica. En el ámbito jurídico, es esencial que los sistemas de IA sean transparentes y que sus decisiones puedan ser explicadas de manera clara, ya que esto es clave para la confianza en la justicia (además de un requisito: la motivación).
Finalmente, la responsabilidad por daños: si un sistema de IA comete un error que resulta en un daño a una persona o entidad, surge la cuestión de quién es responsable: ¿el desarrollador del sistema, el usuario (abogado, juez) o la empresa que provee la tecnología? Se trata de una cuestión que debe regularse, y que sin duda generará nuevas coberturas en el ámbito de los seguros por responsabilidad civil profesional.
Marco regulatorio en España y en la Unión Europea
España, como parte de la Unión Europea, se rige por las normativas comunitarias en lo que respecta al desarrollo y uso de la IA. La UE ha adoptado una postura proactiva hacia la regulación de la IA, y en abril de 2021 la Comisión Europea propuso la Ley de Inteligencia Artificial.
Esta ley clasifica los sistemas de IA en función de su riesgo y establece regulaciones estrictas para aquellos sistemas considerados de alto riesgo, como los utilizados en el ámbito judicial o en la toma de decisiones legales. Entre las exigencias destacan:
Evaluaciones de impacto: las tecnologías de IA deben someterse a evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales antes de su implementación.
Transparencia: los sistemas de IA deben ser transparentes y explicables, especialmente cuando están involucrados en la toma de decisiones que afectan a las personas.
Supervisión humana: la legislación exige que haya una supervisión humana adecuada de los sistemas de IA, especialmente en contextos críticos como el judicial, para evitar la toma de decisiones completamente automatizadas que podrían ser injustas.
En el caso de España, estas disposiciones de la UE se suman a los marcos nacionales ya existentes, como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que establece principios de transparencia y responsabilidad en el uso de tecnologías que tratan datos personales.
Hacia el futuro: ¿jueces robot?
Aunque la idea de un «juez robot» parece sacada de la ciencia ficción, el avance de la IA en el ámbito judicial podría llevar a escenarios en los que ciertas decisiones legales menores (por ejemplo, casos administrativos o de pequeñas disputas) se resuelvan de forma automatizada. Sin embargo, es fundamental mantener una supervisión humana robusta para evitar deshumanizar la justicia y garantizar la equidad.
Pero lo que no puede negarse es que la inteligencia artificial está transformando, también en España, el sector legal, ofreciendo oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir la carga de trabajo, pero también planteando desafíos legales y éticos significativos.
El papel de los abogados y jueces seguirá siendo crucial, ya que la IA, lejos de reemplazarlos, se perfila como una herramienta que puede asistirlos en la toma de decisiones más informadas y eficientes. Sin embargo, es fundamental que el marco regulatorio continúe adaptándose para garantizar un uso justo, transparente y responsable de esta tecnología en el ámbito jurídico.
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